LOS KIRCHNER JUDICIALIZAN LA PROTESTA DE GUALEGUAYCHU Y JUNTO A EMPRESARIOS Y BUROCRATAS QUIEREN PONER FRENO AL RECLAMO SALARIAL
Los que patean contra el 35%
Fecha: Jueves 10 de junio de 2010
Desde la mañana temprano, el 9 de junio, el gobierno de Cristina Fernández, por boca de su ministro de Justicia, Julio Alak, declaraba que estaba dispuesto a hacer cumplir la orden judicial que pedía el desalojo de los asambleístas de Gualeguaychú. “Queremos que el puente quede liberado porque las resoluciones judiciales hay que cumplirlas”, declaraba.
Finalmente, los Kirchner no se animaron a reprimir a quienes protagonizan desde hace más de tres años y medio la ocupación del puente contra la instalación de la papelera Botnia. El costo político a pagar era alto ante la perspectiva de resistencia. El gobierno “nacional y popular” optó entonces por judicializar la protesta denunciando penal y civilmente a los manifestantes.
Toda una muestra de un giro hacia la idea de “orden”, con respecto al discurso “progre” al que nos tiene acostumbrado el gobierno “de los derechos humanos”. De “causa nacional” contra las pasteras, los ambientalistas pasaron ser los responsables de todos los males de este mundo, acusados ahora de “entorpecer el funcionamiento de los transportes”, “amenazas agravadas”, “daños a bienes públicos”, “instigación a cometer delitos” y hasta de “homicidio culposo”.
Al ponerse en primera fila de la querella contra los asambleístas, los Kirchner están buscando, por el camino indirecto de la judicialización, una vía para recomponer la autoridad punitiva del Estado capitalista. La verdad es que el gobierno está limitado para reprimir abiertamente por lo que podríamos llamar el “síndrome” del Puente Pueyrredón, cuando el gobierno de Duhalde, el 26 de junio de 2002, asesinó a los militantes del movimiento piquetero Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Recurrir a la represión directa lo llevaría a perder parte del capital político que le permite sostener su discurso progresista. Pero mal que les pese a los intelectuales K de “Carta Abierta”, el gobierno asume en parte, el discurso de la derecha. Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires acaba de instruir a sus fiscales para pedir el arresto por 50 días de los militantes estudiantiles de En Clave ROJA y nuestro partido, Jessica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe (vicepresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras). Ellos fueron parte de las manifestaciones del año pasado en Callao y Corrientes en apoyo a los trabajadores de Kraft. No hay tiempo que perder, ya mismo hay que impulsar una gran campaña junto a las organizaciones de izquierda, la CTA, las organizaciones obreras combativas y todas las que se reclaman democráticas, contra el ataque del gobierno nacional y la justicia a los asambleístas de Gualeguaychú y contra el gobierno de Macri que persigue a los estudiantes combativos y solidarios con las luchas de la clase obrera.
Operativo contra el 35%
Con el endurecimiento frente a la “protesta social”, el gobierno también apunta a satisfacer los reclamos de los empresarios que piden “moderación” en las paritarias, que se ponga fin a la “acción directa” y a la presión del “sindicalismo de base”. Hace pocos días un comunicado de la Junta Directiva de la UIA condenaba “las acciones directas que en algunos casos se manifiestan en parálisis de la actividad y en situaciones inéditas como el no acatamiento de las medidas de conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo”.
Los Kirchner cierran filas junto a la patronal y cuentan para ellos con la colaboración de la burocracia sindical de Moyano y Yasky, para ponerle un freno al “efecto 35%”.
El primer paso lo dio el recontra-alcahuete Andrés Rodríguez de UPCN, un dirigente millonario conocido por su apasionamiento hacia los caballos, dueño de un haras y que hasta integra el staff de la Sociedad Rural Argentina. El 3 de junio le puso la firma a un convenio que decía que los estatales nacionales recibirán un 21% en dos cuotas, y lo justificaba mintiendo que el “promedio de salario mínimo en la administración central es de $4.100”. De esta manera, Cristina Fernández le daba la esperada señal de tranquilidad a los empresarios, disponiéndose a pagar uno de los precios más baratos de la fuerza de trabajo arreglados hasta el momento. Ya lo había dicho clarito el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra los reclamos superiores al 30%: “todo tiene un límite”.
Es el camino de todo un equipo que patea contra los reclamos de los trabajadores: Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, cerró por un 23% con las grandes empresas de energía. Mario Manrique, del SMATA, pedirá el 25% a las automotrices que esperan un año récord de ganancias. Hugo Yasky de la CTA acordó el 23,5% para los docentes, y dejó solos a los docentes neuquinos que peleaban por más. El mismo Moyano que ahora reclama el 31% -eso sí, sólo para su gremio-, se pasó toda la semana diciendo que las subas superiores al 30% no podían ser tomadas “como referencia” y que “tenemos que tener la prudencia y la responsabilidad de no producir una carrera alocada del salario, porque quién se perjudica es el trabajador”. Agradecido, el capo de la UIA, Héctor Méndez, celebraba la intervención del gobierno y de la CGT diciendo “se serenaron las aguas” en la pulseada salarial. Estaba en sintonía con sus pares, todos sumergidos en la ‘psicosis del 35’.
Lo actuado por los dirigentes sindicales es una demostración de cuál es el papel que juega la burocracia sindical. Agentes de la patronal y su Estado al interior del movimiento obrero, repletos de privilegios, para traicionar y negociar nuestras condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores. Es el principal escollo para que los trabajadores avancen políticamente, se organicen y hagan valer con la lucha sus derechos. Su razón de ser es la necesidad de los empresarios y los gobiernos de controlar y mantener a raya a la clase obrera para garantizar el orden burgués. Cuando la burocracia sindical se pone al frente de alguna acción es para evitar ser sobrepasada por una base que la presiona, porque temen que los trabajadores le pasen por encima o avancen hacia posiciones combativas y anticapitalistas. Ese es justamente el temor que tuvieron en el gremio de la alimentación, ante el avance de las fuerzas clasistas en Kraft y PepsiCo, y ante el parazo de los compañeros de Arcor en Córdoba.
Por el camino de Kraft, PepsiCo y Arcor
La primera tarea que tenemos los trabajadores es combatirlos para recuperar nuestros sindicatos como organizaciones de lucha. En la actual situación las paritarias son el escenario para pelear por el salario y por las condiciones de trabajo, pero también contra los dirigentes sindicales burocráticos.
Al día de hoy sólo se han firmado el 25% de las paritarias. No está dicho que los dirigentes traidores, aliados de los empresarios y del gobierno, puedan imponer sus planes para frenar el “efecto 35%”. Neumático, Telefónicos, Jaboneros, Petroleros, Portuarios: la bronca por el salario es extendida y cuenta como acicate la continua aumento del costo de vida debido a la inflación.
Consignas como la reapertura de las paritarias, la exigencia de un aumento del 35% de salario para avanzar hacia un salario equivalente al costo de la canasta familiar, la elección de delegados en la base, están a la orden del día. Así también las reivindicaciones que permitan unir a toda la clase obrera -contratados, permanentes, en negro- para pelear contra la flexibilización laboral y el trabajo en negro y por la derogación de todas las leyes esclavistas de los ’90 que permanecen.
Para pelear al interior de los gremios y sindicatos, ganemos a la base trabajadora para esta perspectiva. Sigamos impulsando la construcción de oposiciones clasistas en los gremios, como los compañeros de Kraft y PepsiCo, que ahora han dado un gran paso adelante con su convocatoria al Encuentro para el 31 de julio en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto al SUTNA San Fernando y otras comisiones internas.
