Llegamos a esto a partir de que a varios compañeros del PTS, delegados de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, de un tiempo a esta parte les llueven procesos judiciales, les llegan cédulas y cédulas donde se los procesa y se los embarga. Nos metemos a estudiar las causas y vemos una metodología común en todas: nacen a partir de informes secretos de Gendarmería, previos a que la Justicia los pida (…) En los expedientes consta cómo desde la unidad de Gendarmería que funciona en Campo de Mayo llaman diciendo "sabemos que puede haber manifestaciones, ¿qué juzgado está de turno? Así lo hacemos intervenir". Es decir que la Gendarmería asumió la persecución, formando estas listas negras en esta base de datos, de los dirigentes gremiales de la zona. Toda esta información la recopilan infiltrándose de civil en las manifestaciones. Hasta presentándose como "prensa independiente" cuando los compañeros les preguntan por qué están recabando información. (…) Con toda esa información, que abarca desde características de personalidad hasta a qué partido pertenecen, si son del ala más dura o más componedora en el conflicto, qué dijeron en las reuniones, etc., están formando una base de datos. Nosotros vemos en los expedientes que los gendarmes son llamados a declarar como testigos y dicen cómo identificaron a tal persona: cotejando con la base de datos que está en la Gendarmería. (…) Hay informes de inteligencia completos. Por ejemplo de (Javier) Hermosilla ponen que tiene mucha influencia sobre el resto de los participantes de la manifestación de Kraft, que se mantuvo en las discusiones del Ministerio de Trabajo, que "hoy fue la reunión, terminó tarde y mañana tal vez vuelve". Es decir un seguimiento absolutamente completo. Un ejemplo claro de cómo funciona es que uno de los jueces le pide a un gendarme que identifique el domicilio de uno de los dirigentes de la CCC, Ramón Bogado. Le dan una dirección y sólo debe ir a verificar, como sucede habitualmente. Pero la Gendarmería lo que hace es poner una consigna en la puerta de la casa que informa qué se discute en ella, cuántas personas entran, a qué hora salen, todos los movimientos de este dirigente. Esto es la criminalización de la protesta social en un caso absolutamente concreto. Nosotros pudimos comprobar lo que hace Gendarmería de Campo de Mayo en su zona de influencia, Zona Norte. Pero todos sabemos que esto no es privativo de la Gendarmería. Lo vimos con Ciro James bajo el gobierno de Macri y hoy tomó estado público lo que está haciendo la policía en Catamarca (…) Todo aquel que se manifieste por sus derechos está siendo perseguido, entra en una lista negra donde incluyen todos sus datos. Hasta si retiran dinero de un banco, cuánto y qué día (…) Verdaderos informes de inteligencia con palabras como "cabecillas" o "centros de reunión". El lenguaje sigue siendo el propio de la dictadura. Tenemos que tener en cuenta que a partir de una denuncia del CELS, por una causa muy parecida a esta terminó, renunciando el jefe de la Armada Godoy. Una causa bastante parecida, el espionaje se hacía desde la Base Alte. Zar. Es una metodología de todas las fuerzas de seguridad. (…) La ministra Garré ha impulsado un protocolo de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. En el punto 11 dice que "no pueden ir de civil". El mismo protocolo que ellos están pidiendo que lo firmen las provincias sobre cómo actuar en manifestaciones, en la práctica vemos que esto se hace. La Gendarmería reprime, desaloja, arma informes de inteligencia y después hasta se presenta como testigo en las causas donde terminan siendo procesados los compañeros. (…) Jurídicamente a esto se le llama "delito penal de autor", es decir que uno es castigado por lo que es y no por lo que hace. A partir de que uno es dirigente gremial de una determinada fábrica, con un determinado grado de conflictividad, donde los trabajadores reclaman por sus derechos, se decide que uno pasa a estar en la base de datos del Proyecto X. Y desde ahí empiezan a llover los procesos judiciales. La denuncia contra Gendarmería fue presentada en noviembre ante los Tribunales Federales de Buenos Aires y lleva la firma de los siguientes organismos y personalidades Repercusiones en algunos medios nacionales e internacionales: EL MUNDO (ESPAÑA): http://www.elmundo.es/america/2012/... LA PRENSA http://www.laprensa.com.ar/387752-L... LA VOZ DEL INTERIOR (CORDOBA) http://www.lavoz.com.ar/noticias/po... URGENTE 24 http://www.urgente24.com/ LA MAÑANA (NEUQUEN): http://www.lmneuquen.com.ar/noticia... RADIO MITRE Y CONTINENTAL: http://pateandoeltablero.com.ar/201... |
viernes, 17 de febrero de 2012
Myriam Bregman: “La Gendarmería asumió la persecución de los dirigentes gremiales”
Importante marcha contra la Ley Antiterrorista
Por: Verónica Zaldívar El miércoles 15 marchamos hasta el Congreso contra la criminalización de la protesta y la funesta ley impulsada por el kirchnerismo, que ya empezó a ser utilizada contra los luchadores y el pueblo. Con una numerosa columna, el PTS y su juventud estuvieron entre los convocantes. La lucha popular contra las multinacionales mineras cruzó la jornada Una jornada de calor aplastante en la ciudad no fue impedimento para que una multitud de trabajadores, estudiantes y luchadores llegara promediando la tarde hasta las inmediaciones de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para movilizarse después hasta el Congreso. El motivo ameritaba hacer frente a la atmósfera abrasadora: demostrarle al gobierno que seguimos en pie de lucha contra una ley que significa un salto cualitativo en la represión de la protesta social, posibilitando penas cada vez más altas para quien ose levantar la voz contra las arbitrariedades de gobiernos y patrones. Junto con el Proyecto X, que según venimos denunciando permite que la Gendarmería se infiltre y espíe a trabajadores y luchadores, significa una escalada en los ataques al pueblo por parte del Gobierno, al igual que la represión contra quienes valientemente se resisten a la megaminería contaminante de las multinacionales extranjeras en varios puntos del país. A la cabeza de la marcha se congregaba un amplio abanico de dirigentes políticos, personalidades de los derechos humanos, delegados combativos y luchadoras/es, entre quienes estaban Pablo Micheli (CTA), Víctor De Gennaro (diputado FAP), los dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Christian Castillo (PTS), Néstor Pitrola (PO) y José Castillo (IS), Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo), hijos de desaparecidos como Vicky Moyano (CeProDH), Cachito Fuckman y Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), asambleístas contra la minería contaminante, Pino Solanas (Proyecto Sur), Vilma Ripoll (MST), entre otras/os. También se encontraban presentes militantes de Liberpueblo, el Nuevo MAS, MTL, FOL, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, PSTU, PCR y CCC. Entre las numerosas banderas de cuerpos de delegados, comisiones internas y trabajadores de distintos lugares, podían verse las de FATE, Kraft, trabajadores aeronáuticos, del subte y ferroviarios, estatales de La Marrón Clasista, Hospital Francés, docentes de la Agrupación 9 de Abril y telefónicos de la Violeta, entre otros. Christian Castillo manifestó que "estamos marchando contra la nefasta Ley Antiterrorista y en apoyo a los pueblos que en La Rioja, Catamarca y en todo el país luchan contra las mineras multinacionales, en un día donde se encuentra Andalgalá rodeada por patotas que actúan en común con las fuerzas represivas, la empresa minera y el gobierno de Catamarca". Agregó que "esta es una ley para criminalizar a los luchadores, hecha a pedido de un organismo imperialista como es el GAFI, que demuestra que este Gobierno, lejos de defender intereses nacionales y no reprimir, es un gobierno comprometido con los intereses de las grandes empresas, es un gobierno que está acrecentando cada vez más la represión de los que salen a luchar". Entre cantos contra el gobierno y las fuerzas represivas, la tarde fue dando paso a la noche y el aire se volvió un poco menos sofocante, aunque el clima efervescente pudo respirarse hasta que los últimos manifestantes se perdieron por las calles porteñas. |
Elecciones en el SUTNA
Entrevista a Víctor Ottoboni, delegado de base de Fate ¿Cómo vienen las elecciones en el Neumático? Ya se han oficializado las listas. A nivel nacional hay tres listas: la Violeta, la Negra-verde y la Marrón. La violeta es la lista de la burocracia, que dirige el Sutna desde el año 2000 con Pedro Wasiejko, quien a su vez es secretario adjunto de la CTA oficialista. En los últimos años viene siendo la correa de transmisión de la política del gobierno dentro del neumático, garante de que las patronales como Fate, Pirelli y Firestone suban su productividad laboral a costa de dañar la salud de los compañeros, donde la tendinitis y la hernia de disco son una plaga. Y también es quien les asegura a las patronales la "paz social" durante las paritarias, firmando acuerdos por debajo de la inflación y en cuotas. La lista Negra-Verde es una alianza entre la Negra de Fate y la Verde de Pirelli. La Verde se conformó recién, cuando dos burócratas rompieron con Wasiejko por intereses personales. La Negra la armaron quienes abandonaron la Marrón de Fate para irse con la CTA Micheli, y son la conducción actual de la seccional San Fernando. leer completa en: http://www.pts.org.ar/spip.php?article20046 |
Carta del PTS al Partido Obrero (con copia a la dirección de Izquierda Socialista)
Esta carta fue entregada en mano a las direcciones del PO e Izquierda Socialista el miércoles 15 de febrero. Compañeros: En el día de ayer nos enteramos a través de declaraciones del compañero Altamira en una nota del diario Página/12 que en su próximo congreso partidario discutirán una propuesta de constitución de un partido común de las fuerzas que integramos el FIT. Estas declaraciones nos fueron ratificadas por Gabriel Solano. Ante todo, queremos saludar lo que podría ser el inicio de una seria y profunda discusión entre toda la militancia del FIT sobre cuáles deben ser los caminos para construir un gran partido de trabajadores revolucionario en la Argentina, y la reconstrucción de la Cuarta Internacional frente a la crisis histórica del capitalismo, tal como lo viene proponiendo el PTS desde hace meses en el seno de nuestro Frente de Izquierda. Como acordamos plenamente con la definición de Altamira "ni unidad sin principios, ni sectarismo liquidacionista", reafirmamos la necesidad de comenzar a discutir ya los acuerdos y diferencias teórico/políticas, programáticas y estratégicas que tienen nuestras respectivas organizaciones, más allá de los denominadores comunes establecidos en el programa del FIT. Este ha sido nuestro planteo en reiteradas oportunidades [1], en pos de explorar las condiciones para la constitución de un partido común de los que nos reivindicamos marxistas revolucionarios (trotskistas) y por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Para nosotros, el FIT reactualizó este planteo, como formulara nuestro compañero Christian Castillo en un reportaje de La Verdad Obrera luego de las elecciones de Octubre (27/10/11). Allí agregábamos un aspecto que consideramos muy importante: "¿Por qué no realizar estas discusiones indispensables para la construcción de tal partido revolucionario de cara a toda la vanguardia que hoy se referencia con el Frente?". Para ello planteamos a la mesa del FIT a fines de octubre propuestas de implementación inmediata que ahora esperemos poder finalmente concretar: leer completa en: http://www.pts.org.ar/spip.php?article20026 |
Oposición en Argentina pide citar a ministra por denuncia de espionaje a líderes sindicales y sociales
Parlamentarios quieren que la titular de Seguridad, Nilda Garré, de explicaciones sobre el denominado "Proyecto X", una operación mediante la cual efectivos de la Gendarmería transandina se habrían infiltrado en protestas sindicales y sociales con el fin de recabar información de sus líderes y volcarla a una base de datos.
por EFE - 17/02/2012 -
Parlamentarios opositores de Argentina pidieron que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, comparezca ante el Congreso por la reciente denuncia contra la Gendarmería (policía de frontera) por presunto espionaje a líderes sindicales y sociales. El proyecto de resolución para que se cite a Garré a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados lleva la firma de siete legisladores de partidos opositores de todo el arco político. Los diputados quieren que la ministra brinde explicaciones sobre el denominado"Proyecto X", una operación mediante la cual efectivos de la Gendarmería se habrían infiltrado en protestas sindicales y sociales con el fin de recabar información de sus líderes y volcarla a una base de datos. El "Proyecto X" fue dado a conocer en la noche de este miércoles por la cadena de noticias TN, donde integrantes de fuerzas opositores aseguraron que la maniobra busca reprimir las protestas. En un mensaje a través de Facebook, Garré aprovechó unas recientes declaraciones del exdictador argentino Jorge Videla al semanario español "Cambio 16", en las que dijo que el Gobierno de su país no busca justicia sino venganza con los juicios a los militares, para ratificar la política oficial de no reprimir las protestas sociales. "Videla es parte de una embestida de sectores que aborrecen la política de defensa irrestricta de los derechos humanos iniciada por (el fallecido expresidente) Néstor Kirchner y avalada hoy desde los tres poderes del Estado", destacó la ministra. "En el marco de esta política y estos principios, Kirchner y (su esposa y sucesora) Cristina Fernández también han sostenido una clara y permanente posición respecto a la no criminalización de la protesta social y a los límites a la acción policial en esas situaciones", comentó. Garré consideró que "resulta paradójico" que "sectores que no pueden acreditar esa coherencia" acusen al Gobierno "de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales". Aunque el caso salió a la luz pública este miércoles, fue denunciado ante la Justicia en noviembre pasado por Myriam Bregman, abogada y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), algunos de cuyos integrantes -a su vez representantes sindicales en diversas fábricas- dicen haber sido blanco de las supuestas maniobras de espionaje de la Gendarmería. Según un documento presentado por TN, el comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció la existencia del "Proyecto X" en un escrito presentado ante el juez Norberto Oyarbide, quien investiga los hechos denunciados. La ley de Inteligencia Nacional de Argentina establece que ningún organismo oficial de espionaje puede obtener datos de personas por el solo hecho de que éstas adhieran o pertenezcan a organizaciones partidarias, sociales o sindicales. "En un Estado democrático, las fuerzas de seguridad no pueden ser espías, ni infiltrados de los trabajadores y dirigentes sociales. Estas acciones demuestran que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos que recurrió las fuerzas represivas de Argentina", dijo hoy en un comunicado Jaime Linares, senador del Frente Amplio Progresista (FAP). Por su parte, el diputado radical Juan Pedro Tunessi presentó hoy un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo que informe "si ha dispuesto la realización de tareas de inteligencia" y acopio de datos de líderes de movimientos sociales y gremiales. En su propuesta, Tunessi pidió al Gobierno que aclare "si tiene conocimiento de la existencia del denominado 'Proyecto X'" y, "de no haber sido oficialmente ordenada" su creación, indique "qué medidas internas disciplinarias y de índole administrativo se tomaron frente a las denuncias de su existencia". La denuncia por el "Proyecto X" coincide con protestas realizadas en los últimos días contra la nueva ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado y que, según sus críticos, deja abierta la posibilidad de que las huelgas y las protestas sociales puedan ser calificadas como actos de sabotaje con fines políticos y, por tanto, como actos terroristas. El rechazo a la nueva norma y la denuncia contra el "Proyecto X" coincide con un aumento de las protestas sociales en Argentina, en particular las de carácter sindical y aquellas protagonizadas por pobladores que rechazan la minería a cielo abierto y cuyos bloqueos han sido desalojados por la policía por orden de la Justicia.
por EFE - 17/02/2012 -
Parlamentarios opositores de Argentina pidieron que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, comparezca ante el Congreso por la reciente denuncia contra la Gendarmería (policía de frontera) por presunto espionaje a líderes sindicales y sociales. El proyecto de resolución para que se cite a Garré a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados lleva la firma de siete legisladores de partidos opositores de todo el arco político. Los diputados quieren que la ministra brinde explicaciones sobre el denominado"Proyecto X", una operación mediante la cual efectivos de la Gendarmería se habrían infiltrado en protestas sindicales y sociales con el fin de recabar información de sus líderes y volcarla a una base de datos. El "Proyecto X" fue dado a conocer en la noche de este miércoles por la cadena de noticias TN, donde integrantes de fuerzas opositores aseguraron que la maniobra busca reprimir las protestas. En un mensaje a través de Facebook, Garré aprovechó unas recientes declaraciones del exdictador argentino Jorge Videla al semanario español "Cambio 16", en las que dijo que el Gobierno de su país no busca justicia sino venganza con los juicios a los militares, para ratificar la política oficial de no reprimir las protestas sociales. "Videla es parte de una embestida de sectores que aborrecen la política de defensa irrestricta de los derechos humanos iniciada por (el fallecido expresidente) Néstor Kirchner y avalada hoy desde los tres poderes del Estado", destacó la ministra. "En el marco de esta política y estos principios, Kirchner y (su esposa y sucesora) Cristina Fernández también han sostenido una clara y permanente posición respecto a la no criminalización de la protesta social y a los límites a la acción policial en esas situaciones", comentó. Garré consideró que "resulta paradójico" que "sectores que no pueden acreditar esa coherencia" acusen al Gobierno "de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales". Aunque el caso salió a la luz pública este miércoles, fue denunciado ante la Justicia en noviembre pasado por Myriam Bregman, abogada y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), algunos de cuyos integrantes -a su vez representantes sindicales en diversas fábricas- dicen haber sido blanco de las supuestas maniobras de espionaje de la Gendarmería. Según un documento presentado por TN, el comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció la existencia del "Proyecto X" en un escrito presentado ante el juez Norberto Oyarbide, quien investiga los hechos denunciados. La ley de Inteligencia Nacional de Argentina establece que ningún organismo oficial de espionaje puede obtener datos de personas por el solo hecho de que éstas adhieran o pertenezcan a organizaciones partidarias, sociales o sindicales. "En un Estado democrático, las fuerzas de seguridad no pueden ser espías, ni infiltrados de los trabajadores y dirigentes sociales. Estas acciones demuestran que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos que recurrió las fuerzas represivas de Argentina", dijo hoy en un comunicado Jaime Linares, senador del Frente Amplio Progresista (FAP). Por su parte, el diputado radical Juan Pedro Tunessi presentó hoy un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo que informe "si ha dispuesto la realización de tareas de inteligencia" y acopio de datos de líderes de movimientos sociales y gremiales. En su propuesta, Tunessi pidió al Gobierno que aclare "si tiene conocimiento de la existencia del denominado 'Proyecto X'" y, "de no haber sido oficialmente ordenada" su creación, indique "qué medidas internas disciplinarias y de índole administrativo se tomaron frente a las denuncias de su existencia". La denuncia por el "Proyecto X" coincide con protestas realizadas en los últimos días contra la nueva ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado y que, según sus críticos, deja abierta la posibilidad de que las huelgas y las protestas sociales puedan ser calificadas como actos de sabotaje con fines políticos y, por tanto, como actos terroristas. El rechazo a la nueva norma y la denuncia contra el "Proyecto X" coincide con un aumento de las protestas sociales en Argentina, en particular las de carácter sindical y aquellas protagonizadas por pobladores que rechazan la minería a cielo abierto y cuyos bloqueos han sido desalojados por la policía por orden de la Justicia.
ESCANDALOSO AUMENTO SALARIAL DE DIPUTADOS Y SENADORES
Todo funcionario tiene que ganar lo mismo que un docente o un obreroMirá la grabación de Palabras + Palabras -: http://tvpts.tv/Christian-Castillo-... Así definió Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y ex candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda al aumento de más del 100% en las dietas de los legisladores nacionales, votado por el conjunto de los partidos patronales en el Congreso. Fue el martes 14 en el programa "Palabras + palabras -". En la mesa también estuvieron Victoria Donda, diputada nacional del Frente Amplio Progresista, y Juan Pablo Tunessi, diputado nacional de la UCR. Castillo destacó el ejemplo de Alejandro López, diputado de Neuquén por el FIT, quien cobra lo mismo que percibía previamente en la fábrica Zanon. "Es un escándalo; cualquier trabajador que vio la noticia se indignó profundamente, porque acá se le está diciendo que se le pone un techo salarial del 18%, o a lo sumo le dan el 24" comenzó diciendo Castillo. "Quieren justificar salarios de entre 30 y 35.000 pesos que tiene una funcionalidad: un Parlamento con diputados que tienen esos ingresos es un Parlamento de personas (...) completamente alejadas de las condiciones de vida del pueblo trabajador, hay una casta política profesional a la que no le tiembla la mano cuando tiene que votar en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo. En la campaña electoral del Frente de Izquierda sostuvimos, y fue uno de nuestros spot, que cualquier funcionario político tenía que ganar lo mismo que un docente o un obrero metalúrgico especializado." Castillo a continuación cuestionó que estos políticos "fueran una casta política profesional que vive como los altos gerentes de las grandes empresas (...) Es evidente que después, cuando se tienen que votar las leyes, toman medidas que son favorables a las petroleras, a las mineras..." El dirigente destacó el ejemplo del diputado electo del Frente de Izquierda en la provincia de Neuquén, Alejandro López, quien está cobrando lo mismo que cobraba como obrero de Zanon, entregando el resto de la dieta para apoyar la lucha de distintos sectores de trabajadores como los estatales de Río Negro despedidos o los de la empresa Aqualic. "Estamos cumpliendo lo que el Frente de Izquierda planteó (...), que se va a percibir lo que uno obtiene en su lugar de trabajo, o lo mismo que un docente." Ante la observación del radical Tunessi acerca de que esa era una visión clasista que no compartía, justificando posteriormente el aumento a los legisladores, Castillo lo increpó duramente, preguntándole por qué él debía ganar más que un médico o un docente, y haciendo hincapié en los privilegios de los que goza estando en cumplimiento de la función pública. Para cerrar, Castillo planteó que "en esto estuvieron de acuerdo radicales, peronistas, el PRO y la gran mayoría de los binneristas, estuvieron todos de acuerdo en tener una dieta de $34.000". Sobre los privilegios de los funcionarios Entre los más acérrimos defensores del "salariazo" para diputados y senadores, se destacó el jefe K de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Con total desfachatez, afirmó que esta suba buscaría evitar que los "representantes" del pueblo se corrompan buscando "financiamiento" empresarial para enriquecerse a cambio de favores. Reproducimos fragmentos de "El Estado y la Revolución", donde Lenin aborda desde una perspectiva marxista esta cuestión, en base a la experiencia de la Comuna de París. "En vez de instituciones especiales de una minoría privilegiada (la burocracia privilegiada, los jefes del ejército permanente), puede llevar a efecto esto directamente la mayoría, y cuanto más intervenga todo el pueblo en la ejecución de las funciones propias del Poder del Estado tanto menor es la necesidad de dicho Poder. En este sentido, es singularmente notable una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx subraya: la abolición de todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del "salario de un obrero". (...) La cultura capitalista ha creado la gran producción, fábricas, ferrocarriles, el correo y el teléfono, etc., y sobre esta base, una enorme mayoría de las funciones del antiguo "Poder del Estado" se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan sencillísimas de registro, contabilidad y control, que estas funciones son totalmente asequibles a todos los que saben leer y escribir, que pueden ejecutarse en absoluto por el "salario corriente de un obrero", que se las puede (y se las debe) despojar de toda sombra de algo privilegiado y "jerárquico". La completa elegibilidad y la revocabilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción; la reducción de su sueldo a los límites del "salario corriente de un obrero": estas medidas democráticas, sencillas y "evidentes por sí mismas", al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Estas medidas atañen a la reorganización del Estado, a la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la "expropiación de los expropiadores" ya en realización o en preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social." |
La denuncia contra el ‘Proyecto X’ en las RADIOS :: Pateando el Tablero
|
miércoles, 15 de febrero de 2012
viernes, 3 de febrero de 2012
El inicio del descontento
El cimbronazo que se produjo tras las elecciones con la campana de largada del ajuste y la polarización del gobierno con Moyano, cambiaron el panorama político nacional que ya no puede ser leído solo en la aritmética del 54% de los votos del oficialismo. Empieza a percibirse un cambio de estado de ánimo ante las malas noticias oficiales que se sintetizan en 'mas tarifas y menos salarios'. En parte de esto se apoya la ubicación de semi-oposición de Moyano, y aunque que el inicio de descontento de amplias franjas no signifique aún una ruptura política con el gobierno, ya se anuncia una oposición social al giro a la derecha de CFK y los gobernadores. ¿Qué significa, si no una debilidad estratégica, que Cristina mande a decir que quiere ser reelecta, cuando lo acaba de ser hace apenas 3 meses? El fantasma de la 're-re', instalado por el oficialismo, es utilizado por la oposición mediática para hablar de otro fantasma, el peligro "chavista" de perpetuación. Pero el transfondo de esta jugada oficial es curarse en salud. El globo de ensayo de varios alfiles K que salieron a promover una reforma constitucional que habilite la re-reelección, es en realidad una movida defensiva para evitar que se desate la pelea por la sucesión de 2015. Scioli acaba de hacer una maniobra que lo separó claramente de la política de la Casa Rosada. La convocatoria del gobernador a Moyano para que no abandone su cargo en el PJ bonaerense, algo que el jefe de la CGT no puede aceptar después de su renuncia a esa "cáscara vacía", le sirvió como una táctica de diferenciación pública con el gobierno nacional. Con la perspectiva -no desmentida por CFK- de buscar un tercer mandato, tratan de evitar que Scioli siga actuando de candidato natural, como recientemente presentándose en los megafestivales en la Costa organizados por la provincia con amplia difusión en TV, y esperando que la sucesión de la presidencia se le caiga encima. Ahora, en cambio, para postularse hay que hacerlo explícitamente contra Cristina. En este panorama, la presidenta, en su discurso de vuelta tras la licencia por enfermedad, salió a jugar "la carta nacional": la retórica por la soberanía argentina de Las Malvinas contra Gran Bretaña y los reclamos ante las petroleras. La vuelta a un discurso con tintes "nacionalistas" de una presidenta que viene apostando a la amistad con Mr. Obama y su cruzada imperialista contra Irán, es un intento de soldar contradicciones internas en pos de un enemigo exterior (como también lo hace Cameron en Gran Bretaña). Pero los nuevos ejes del discurso oficial tienen mucho de fuegos de artificio, de un intento de cobertura "por izquierda", justo en medio del giro hacia el ajuste y que le estallaran los reclamos contra las mineras extranjeras protegidas por el kircherismo y sus gobernadores como Gioja y Beder Herrera, muchas de ellas bancadas por los mismos fondos de inversión que las petroleras inglesas que operan en Malvinas. Lo nuevo que se incorpora en un discurso que venía en una tónica fuertemente antisindical, es la referencia a las "empresas que han ganado como nunca". CFK, ante el achicamiento de la caja y la crisis internacional, intenta ejercer un arbitraje personal (un bonapartismo más "apoyado" en los votos que en organizaciones que le respondan plenamente) entre las presiones del movimiento obrero al que se pretende poner en caja, y las corporaciones empresarias. "Siempre dije que no vine a la presidencia ni para ser gendarme de la rentabilidad de las empresas ni a formar parte de ninguna interna de poder gremial", recordó por cadena nacional. Anunciando un 17% de aumento a los jubilados, que en su mayoría no pasa de cobrar 1600 pesos con aumento y todo, CFK señaló que "también debe haber sintonía fina" en las empresas donde "los gerentes ganan sueldos millonarios" o las del transporte "que vienen pagando los aumentos de salarios con subsidios del Estado". El bandazo oficial ha traído nuevos roces. Así como las medidas de restricción de las importaciones, generó críticas hasta del ultraoficialista De Mendiguren de la UIA; la campaña de denuncia a las petroleras ha puesto en alerta a la Repsol cuyas acciones cayeron, inclusive tirando hacia abajo la Bolsa de España "por temor a la estatización de YPF", como titularon los medios. Cuanto tiene de "batalla cultural" típicamente K, es decir puro verso, y cuanto de la conducta pragmática que los empujó a estatizar las AFJP, una medida de tipo "chavista", está por verse. El objetivo de mínima está en ejercer presión a las petroleras para contener los precios de naftas y gasoil que negocia "el príncipe" Moreno, y así tratar de limitar los efectos ya de por si inflacionarios de la quita de los subsidios al transporte. De máxima, no pueden descartarse totalmente los rumores de una "nacionalización" mediante compra de Repsol-YPF. Solo que a diferencia de la estatización de las AFJP la compra de YPF, en lugar de alimentar la caja fiscal directamente, significaría una fuerte utilización de reservas, a contrapelo del achique fiscal en curso. Un informe del banco español Santander le puso precio a la hipotética jugada: la petrolera tiene un valor de mercado de $ 64.503 millones. Así es que, si de todas maneras se produjera esta especulación, poco probable, la medida presentada como más "de izquierda" resultaría onerosa para los trabajadores y el pueblo, y beneficiosa para la empresa que viene vaciando los recursos. Solo sería la creación de una empresa estatal que compartiría el mercado con las multinacionales aunque, por el peso de YPF, serviría para que el Estado intervenga en un precio de referencia. Ni se le pasa por la mente una verdadera renacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización ni pago alguno a las mismas empresas que ya se llevaron la parte del león durante todo este tiempo desde las privatizaciones de Menem y que el entonces gobernador Kichner y el actual funcionario K Oscar Parrilli impulsaron enfáticamente. La tarea de poner todos los recursos nacionales, como los hidrocarburos y los yacimientos mineros, al servicio de la mayoría nacional, significa romper con las leyes privatizadoras de los 90 que mantienen su continuidad en el Estado administrado por los K y solo podrá ser obra de la lucha de los trabajadores que pongan esos resortes bajo su administración directa (ver recuadro). Hugo Moyano también ha endurecido su discurso y desde un acto en Santa Fe acusó de "chirolitas" (de Cristina) a los funcionarios de gobierno, como el Ministro de Trabajo. Pero las acciones efectivas que, hasta ahora, impulsa el jefe de la CGT se reducen a una "guerra de guerrillas" con las huestes de camioneros que maneja su hijo Pablo, en el conflicto contra Gaz Camuzzi por el despido de choferes, y que utiliza como acciones ejemplares de amenazas contra los techos al salario de las paritarias que vienen. Moyano no ha enfrentado, ni de palabra, los aumentos de tarifas y transporte, como lo hicieron con acciones los trabajadores del cuerpo de delegados del Subte Metrovías. A pesar del extendido descontento popular por los aumentos de los servicios y el pasaje, la única oposición real al ajuste y a las políticas oficiales la han dado, puntualmente los trabajadores y el pueblo: en las luchas de los estatales en las provincias como Santa Cruz y Córdoba, en las puebladas y piquetes de la Rioja y Catamarca contra los piratas de las mineras extranjeras. Moyano pelea su propia interna con el gobierno y no convoca a una acción unificada, como tampoco lo hacen las CTAs, que sea la expresión de millones que muestran descontento. Ante esta situación, las organizaciones del sindicalismo de base y la izquierda, mientras consolidamos y extendemos las oposiciones clasistas a la burocracia sindical, debemos lanzar una campaña de exigencia en todos los sindicatos de la CGT y la CTA por un plan de lucha nacional, que comience con un paro y movilización contra el techo salarial, el trabajo precario, el aumento de tarifas y por el 82% móvil para los jubilados. Una primera acción unificada de los trabajadores que centralice todas las demandas obreras y populares. Frente a las "avivadas" de las petroleras Renacionalización sin pago bajo administración de los trabajadores por Esteban Mercatante En las últimas semanas el gobierno descubrió las "avivadas" de las petroleras. Parece que se les pasaron por alto quince años de dominio privado sobre el sector energético, en el que antes había preponderancia de la petrolera estatal YPF. Como si fuera una novedad –y un resultado ajeno a la política oficial- la presidenta señaló que si las empresas no hubieran disminuido la producción, no hubiera sino necesario importar combustibles por u$s 9.000 millones en 2011, un aumento de 107% respecto al año anterior. Como decíamos, se trata de un problema que no es ajeno a la política oficial. Por empezar, porque hasta hace apenas un par de años se permitía exportar recursos energéticos sin ningún límite, aunque era a todas luces evidente que las empresas no estaban invirtiendo en exploración, rubro al que se destina la mitad de recursos que en los '80, con el resultado de que se descubren muchas menos reservas que hace dos décadas, con lo cual las reservas se calculan para unos pocos años. Mientas esto ocurría, la producción de petróleo se contrajo un 27% entre 1998 y 2010, y en el caso del gas, la disminución fue del 10% entre 2004 (último año en que aumentó) y 2010. Como la demanda energética aumentó en todos los rubros al calor del crecimiento de la economía, de una situación de autoabastecimiento desde 1989, se pasó en los últimos años a una fuerte dependencia de combustible importado. La flagrante evidencia de todo esto, no hizo que ni a Néstor Kirchner, ni a Cristina Fernández se les cruzara por la cabeza imponer el manejo estatal de estos recursos fundamentales, y cada vez más escasos. Esta actitud es coherente con la íntima asociación entre el kirchnerismo y las petroleras que viene desde los tiempos en la gobernación de Santa Cruz. El único cambio en el tablero fue la intervención realizada en los últimos años fue para imponer una "argentinización" parcial de Repsol, logrando la entrada de los Eskenazi en el directorio de la empresa. La cuestión energética entró en primer plano por los palos en la rueda que vienen trayendo las petroleras, pero especialmente Repsol, para la "sintonía fina" oficial. Aunque la excusa haya sido una denuncia por sobreprecios en el gasoil vendido a granel, esta "avivada" fue una oportunidad para un desquite largamente esperado. La ex YPF viene en la mira desde que el año pasado el gobierno buscó evitar un giro de remesas de utilidades al exterior, y su pedido fue ignorado por los directores de la empresa, entre ellos los Eskenazi. Ahora el gobierno ha puesto a circular algunas versiones sobre una posible reestatización de YPF. Por ahora parece ser un golpe de efecto para mantener una postura contra las "corporaciones" en el marco de la sintonía fina y no un plan a ser llevado a cabo. Aunque la magnitud del problema energético y las tensiones desatadas con el grupo español y sus socios locales no permiten descartar ese desenlace. El cuadro descripto en esta nota muestra la urgencia de arrebatar de las manos empresarias el manejo de estos recursos estratégicos. Pero, a juzgar por la manera religiosa en la que los K honraron las obligaciones, podemos anticipar que aún en el mejor de los casos podría esperarse una "recompra" de acciones, nada parecido a una reestatización sin compensación. También es importante evitar que una petrolera reestatizada se transforme en coto de caza de la "patria contratista", priorizando el uso de sus recursos para garantizar la rentabilidad de distintas fracciones capitalistas. Algo similar a lo que está ocurriendo con los recursos de ANSES, una parte de los cuales se han utilizado para subsidiar a varias empresas, alimentando en muchos casos ganancias que se fugan al exterior. No sólo es necesario reestatizar sin pago YPF, que fue privatizada recibiendo a cambio en buena parte títulos de deuda adquiridos a precios de remate, y luego de que la empresa estatal fuera subvaluada haciendo desaparecer una parte de las reservas que disponía. Es necesario imponer la estatización del conjunto de las empresas energéticas para implementar un plan integral, bajo control de los trabajadores, para enfrentar rápidamente la situación de emergencia y recuperar el autoabastecimiento, retomando las explotaciones abandonadas por las petroleras que se manejaron durante estos años con un criterio cortoplacista. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




