Un “modelo” contra la juventud y los que luchan

El giro represivo en la política de Estado dio otra vuelta de tuerca con el actual debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. El baluarte del kirchnerismo para ganar las presidenciales, el gobernador Scioli, sostiene junto a Elisa Carrió y De Narváez que hay encarcelar desde los 14 años. Ante semejante aberración, el jefe de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, finge que es progresista por proponer un régimen penal que permita llevar presos, a “cárceles especiales”, a los jóvenes desde los 16. Sin llegar todavía a adoptar enteramente el programa de la derecha (incluida la derecha kirchnerista que encabeza el gobernador bonaerense), Cristina toma su agenda. Ahora se discute si un jóven víctima del desempleo, la marginación y las mafias policiales que los "emplean", puede ser considerado un “delincuente” desde los 14 o “recién” dos años después. Mucho antes de tener derecho a votar, ya se le otorgarán a millones de hijos de la clase trabajadora y el pueblo pobre “nuevos derechos” para ir detenido y permanecer encerrado por el servicio penitenciario estatal.
Es decir que el engaño consiste en que mientras son Duhalde y Macri, sin posibilidades a la vista de ser presidentes, los que aparecen proclamando abiertamente la bandera del “orden” y sostienen que “represión no es una mala palabra” como consignas electorales, es el “gobierno de los derechos humanos” (cada vez más “derecho y humano”) el que se dedica “a la gestión” y va sentando precedentes de una política mas represiva.
Tres meses con CFK y los gobernadores al mando
El gobernador kirchnerista de Salta, Juan Manuel Urturbey, acaba de ordenar la represión policial que desalojó violentamente un piquete de desocupados en Tartagal con la detención de 12 manifestantes. Urtubey varias veces fue barajado como uno de los candidatos preferidos para acompañar a Cristina Kirchner en la fórmula a las presidenciales de este año. La lista de hechos en este sentido es asombrosa. En apenas tres meses de CFK al mando, con Scioli y los gobernadores pejotistas como apoyo fundamental, se repartieron balas, palos y causas judiciales a los que luchan. Repasemos. Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, la policía del gobernador K Gildo Insfrán salió a asesinar miembros de la comunidad toba qom en Formosa. En la Capital actuaron en un operativo conjunto de las policías Federal y Metropolitana para desalojar y matar en el Parque Indoamericano. Ante la emergencia de miles de familias trabajadoras sin techo, crearon el Ministerio de Seguridad y condenaron como “delito” la ocupación de tierras. No hay un solo imputado por los crímenes de Formosa y Soldati. Y mientras Pedraza sigue impune, ante la irrupción del reclamo de los ferroviarios contra las tercerizaciones iniciaron causas penales a los que cortan vías, como es el caso de los militantes del PO, acusando de “extorsión” a quienes ejercen el derecho a huelga. Ahora sacan a la luz que son acusados penalmente los dirigentes universitarios del PTS que cortaron calles de la Ciudad de Buenos Aires en defensa de los obreros de Kraft. También en esta etapa de “relanzamiento del modelo” con Cristina, le negaron la excarcelación al dirigente del MTR Roberto Martino, puesto en prisión hace 9 meses por manifestar a la embajada israelí en denuncia a las masacres contra el pueblo palestino.
En el terreno de la “libertad sindical” se siguen intentando desafueros judiciales contra delegados de base, como en FATE contra nuestro compañero del PTS Víctor Ottoboni, donde la que apunta contra la organización gremial de fábrica es una de las patronales del “modelo”, la familia Madanes, dueña también de Aluar en cuyo directorio está el hijo del jefe de senadores oficialista, Miguel Angel Pichetto. Para la tribuna, Cristina anuncia el “nuevo estatuto del peón rural” (después de dos mandatos de los K en los que rigió en el campo la ley de trabajo de Videla y Martínez de Hoz). Pero en Mendoza la policía del gobernador oficialista Celso Jaque (famosa por el “gatillo fácil”) acaba de detener y golpear a uno de los dirigentes de los trabajadores del ajo y referente de los inmigrantes bolivianos que sufren la superexplotación en las campos. Y como acaba de verse nuevamente en la emblemática pelea por el reconocimiento del nuevo sindicato del Subte, el ministro Tomada sigue dándole el poder real para negociar salarios a la patota de la UTA; y solo hace concesiones formales a los delegados y verdaderos representantes de los trabajadores de Metrovías a quienes le niega plenos derechos sindicales.
A todo esto, una lluvia de “sapos” cae en Buenos Aires y la centroizquierda K mira al cielo con la boca abierta: el candidato en la Capital del Frente para la Victoria impulsado por la CGT, el ministro Amando Boudou, anunció con toda personalidad para disputar con Macri el centroderecha porteño, el pago de 9000 millones de dólares al Club de Paris. Un 50% más que los 6000 millones originales de esa deuda en default porque Argentina reconocerá el total de intereses y punitorios desde la cesación de pagos, a favor de los banqueros que provocaron la catástrofe del 2001.
Tres meses de gestión de CFK y los gobernadores que son una muestra de lo que se prepara para el 2011.

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