La semana pasada, los estudiantes del 113 vimos indignados, que mientras se acrecentaban las enormes sospechas sobre quièn era el adulto que aparecía en las imágenes televisivas acusado de abuso en San Martin, él seguía paseándose impunemente por el profesorado como lo hizo lunes y martes pasado.
La dirección toma nota de que a pesar de que no teníamos precisiones había un repudio generalizado no sólo a los hechos sino también al silencio que se mantenía en torno al caso y por ello el día viernes sale a anunciar la separación del cargo del profesor Selva, despejando todas nuestras dudas.
Mucha fue la indignación de varias compañeras y compañeros, al tratarse de un educador, que está constantemente en contacto con niños y jóvenes. Así como también la desvinculación que hizo del caso acusando al chico de querer robarle, cuestión que queda completamente desmentida con las imágenes por todos vistas. Argumento que se asienta en la campaña permanente de los medios de comunicación criminalizando a la juventud pobre. ¿De quién iba a sospecharse? ¿De un docente con años de trayectoria, o de un joven pobre?
En esta sociedad, el “beneficio de la duda” lo tienen siempre los que en ella están en mejor posición económica y social o gozan del “respeto” que les otorga ser parte de alguna de las instituciones de este estado: diputados o senadores y jueces, curas y obispos, policías, gendarmes y profesionales. Por eso el silencio cómplice para no manchar su “reputación” y un “secreto de sumario” esconde a los ojos de la sociedad todos los pormenores de los hechos que dejarían al desnudo tanto la culpabilidad como la inocencia. En cambio, permanentemente las verdaderas víctimas de distintos tipos de abuso, son culpables hasta tanto se demuestre lo contrario.
El abuso- como otras formas de violencia y en este caso se suma el silencio y la naturalización de esas situaciones como una forma más de violencia- son producto de las sociedades patriarcales y en el capitalismo en descomposición son moneda corriente, donde se ejerce la más brutal opresión sobre los más desprotegidos, los niños y las mujeres.
Lo vimos ya en el caso Grassi y en todos los casos de curas abusadores donde las primeras sospechas e investigaciones recaen sobre las víctimas guardando un silencio cómplice sobre una institución con una larga tradición de abusos, pedofilia y genocidio. Que no sólo no es juzgada de conjunto sino que hipócritamente tiene el poder otorgado por el Estado de meterse en la vida de las mujeres prohibiéndonos el derecho al aborto seguro, libre y gratuito poniéndose como la defensora de la vida!!!
Lo vimos también con Luciano Arruga hace dos años y en la segunda masacre de Suárez con el fusilamiento de los jóvenes de Carcova a manos de la policía bonaerense en febrero de este año. En ambos casos, como en todos los casos de gatillo fácil, se pone la mira en los jóvenes tratándolos de delincuentes para justificar el accionar de una fuerza asesina que ejecuta un pibe cada 24 horas.
Desde Octubre decimos que no puede quedar solo en manos de la justicia
Es esta justicia, la que deja libre al padre Grassi (estando sentenciado), así como a miles de curas y párrocos que son denunciados por abusadores, escondidos bajo la sotana de la reaccionaria Iglesia Católica
Una justicia que solo juzgó a 200 militares genocidas mas emblemáticos, y que mantiene en la impunidad el caso de López y Arruga.
Una justicia que dejó libre a Sobisch luego de haber dado la orden de represión que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba.
Una justicia benevolente y lenta para los ricos y poderosos y dura y rápida para los luchadores. En la justicia de San Martín, bajo la resolución de los jueces Hugo Rodolfo Fósate y Jorge Eduardo Barral, se procesó al Poke Hermosilla por los cortes en panamericana en defensa de los puestos de trabajo de sus compañeros. Asi como decenas de jueces tienen procesados a mas de 4000 luchadores obreros y populares por participar de distintas luchas.
Esta es la justicia del gobierno de los K, a la cual la oposición también aplaude a coro, sobre todo cuando se trata de mantener el orden establecido: ganancias e impunidad para los de arriba y palos para los de abajo!
Desde la dirección del Instituto, así como del Centro de Estudiantes y el Suteba deben exigir a la justicia que hagan pública la causa, que podamos tener acceso a las pruebas todos los miembros de la comunidad educativa , así como también que se nos permita seguir el proceso, acceder al video completo, conociendo las declaraciones del joven. Debemos exigir que sea de público conocimiento dónde ejerció este docente y llevar esta información a esos lugares para que padres, alumnos y docentes tomen conocimiento y aporten nuevas pruebas si existieran otros casos.
OKTUBRE
PTS e Independientes
lunes, 11 de abril de 2011
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