Ante el crimen social de Once

Declaración de la Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas en apoyo al Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Las 50 muertes y los más de 700 heridos del choque en el ferrocarril Sarmiento no fueron ninguna desgracia casual, sino un nuevo crimen contra el pueblo trabajador sucedido apenas cinco meses después del ocurrido en la estación Flores.

No es la primera vez que pasa, ni en la Argentina ni en el mundo. El Sarmiento tiene en su haber numerosos "accidentes", pero también tenemos Cromañón, Kheyvis, LAPA, los derrumbes de edificios con Macri, y decenas de "tragedias" y "accidentes" que a fuerza de repetidas se convierten en lo "normal". Y cada una de ellas tiene una misma naturaleza: empresarios que recortan los gastos destinados a garantizar la vida y la salud de usuarios y trabajadores para aumentar sus ganancias, y un Estado que hace la vista gorda y resguarda la rentabilidad empresaria poniendo en riesgo diariamente la vida de todos. Estos crímenes son el producto de una sociedad en que la ganancia vale más que la vida, y de un Estado de clase que garantiza que las cosas funcionen de esta manera. La muerte brota del tipo de sociedad en que vivimos, y no debemos perder la perspectiva más general: el capitalismo va a seguir produciendo muertes evitables y solo su destrucción permitirá terminar definitivamente con ellas.

En este caso el crimen se podría haber evitado si se hubiera escuchado la voz de los trabajadores del ferrocarril, quienes denunciaron una y otra vez las condiciones deplorables del material y la infraestructura ferroviaria. En vez de responder a estas denuncias contra la empresa concesionaria el gobierno se dedicó a perseguir y armarles causas escandalosas a los trabajadores, como al dirigente del cuerpo de delegados del Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero.

El gobierno es responsable por sostener las concesiones privadas que, como denunciaron delegados y trabajadores, no invierte en el mantenimiento básico de las viejas formaciones que día a día llevan a millones de trabajadoras y trabajadores que deben viajar como el ganado. Gran parte de los multimillonarios subsidios gubernamentales van a solventar la ganancia de empresas como TBA, integrada por el holding Cometrans, quienes gerencian el Sarmiento desde la época de Menem. Bajo los gobiernos kirchneristas, primero con Ricardo Jaime y luego con Schiavi en la Secretaría de Transporte, la familia Ciriglliano vio crecer en todos estos años sus negocios, tanto a través de nuevas concesiones ferroviarias como ampliando geométricamente el poder del Grupo Plaza, que controla numerosas líneas de autotransporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Existen también denuncias de desvío de los fondos recibidos por parte del estado hacia la compra de dólares y otros productos financieros. Más allá de este caso, es un hecho que en los casi 9 años de crecimiento económico récord, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no revirtieron la destrucción de los ferrocarriles, manteniendo el negociado de las privatizadoras a costa de la vida de los trabajadores.

Ahora el gobierno en forma hipócrita pretende presentarse como querellante cuando es el triángulo corrupto de la burocracia sindical, los funcionarios y la patria contratista, que se ha sostenido mediante la malversación del presupuesto público y mediante el uso de patotas –como las que actuaron en el asesinato de Mariano Ferreyra- el que ha conducido al crimen del Sarmiento.

Mientras tanto se gastan 600 millones de pesos por año sólo para sostener a la Secretaría de Inteligencia, y otros tantos para sostener bases de datos y la estructura de infiltración de Gendarmería -Proyecto X-, todos para armar causas como las de Sobrero o los trabajadores de Kraft y Pepsico, mientras los trenes en los que circula el pueblo trabajador tienen más de 40 años de existencia.

Desde la Asamblea de Intelectuales, docentes y artistas en apoyo al Frente de Izquierda exigimos el castigo a todos los responsables de la empresa TBA y del gobierno nacional. La renacionalización de todos los ferrocarriles pasa a ser una necesidad de vida para el pueblo trabajador, para ponerlos bajo gestión de sus trabajadores y comités de usuarios, los únicos interesados de prestar un servicio eficiente y seguro para todos.