NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS

La acción obrera y popular es nuestro derecho

Según vienen denunciando distintas organizaciones de derechos humanos que participan del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en la Argentina gobernada por los Kirchner existen cerca de cinco mil luchadores procesados, entre trabajadores, desocupados, ambientalistas, estudiantes combativos y dirigentes de las organizaciones políticas de izquierda.

Desde los festejos del Bicentenario en adelante, el gobierno viene reivindicando el “papel” de las Fuerzas Armadas en la “sociedad”. La Presidenta acaba de ensalzar el “profesionalismo admirable de los militares argentinos en Haití”, que integran la MINUSTAH al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano y cuyo rol es hacer de policía para reprimir al pueblo haitiano. El operativo “revalorización”, como le gusta llamarlo a 6,7,8, va acompañado de un endurecimiento contra los que luchan. La penalización de los cortes de los asambleístas de Gualeguaychú es una muestra visible y la prueba de que la lista de procesados y perseguidos promete aumentar.

Y lo que crece no es sólo el número sino la gravedad de las imputaciones penales. En el caso de los asambleístas hasta fueron acusados de homicidio culposo y el dirigente del MTR, Roberto Martino, continúa preso por haberse manifestado en contra de la masacre ejecutada por el Estado de Israel en la Franja de Gaza.

Pero lo que está a la orden del día es también el ensañamiento con los luchadores de la clase trabajadora, particularmente aquellos que han sido parte del fenómeno del “sindicalismo de base” que toma fuerza en la organización y lucha ante la prepotencia patronal que se llena los bolsillos con el “crecimiento” económico. Han sido los empresarios, “desbordados” por este fenómeno, que han solicitado el accionar del Estado para “poner orden”. Como hizo público el dirigente de la Cámara de la Alimentación, Funes de Rioja, “si nadie actúa en nivel judicial o policial aparece un estado de anomia o anarquía que al final estimula a las bases que terminan superando a los dirigentes del sindicato. (...) En función de la publicación de nuestra postura, hemos visto que las autoridades políticas han cooperado con la autoridad judicial” (La Nación).

La “cooperación” de las autoridades con el reclamo empresario está a la vista. En lo que es ya un emblema del “sindicalismo de base”, la fábrica Kraft de la zona norte del Gran Buenos Aires, Javier “Poke” Hermosilla (dirigente de la Comisión Interna) reúne varias denuncias penales, y está procesado junto a otros activistas de la fábrica (ver recuadro). Su “delito” fue el de cortar la ruta para reclamar por los 160 despedidos en 2009, y organizar a sus compañeros por las condiciones de trabajo en la fábrica.

El ataque a los obreros de la alimentación es un símbolo, porque justamente pretende golpear a quienes protagonizaron ese conflicto histórico, que el gobierno de Scioli se encargó de reprimir con su “maldita policía”. Porque han sido la avanzada en el fenómeno de lucha por el salario en las paritarias, los que pusieron en la agenda el reclamo del 35% para todos los trabajadores, porque es aquí donde está creciendo una corriente clasista en el movimiento obrero.

La burocracia sindical mira para otro lado, cuando no actúa directamente como rompehuelgas, mandando a las patotas a amedrentar al activismo, como pasó en el Subte y sigue pasando desde hace tres años en el INDEC.

No hay “igualdad ante la ley”

Desde 1983, han sido 52 los muertos en movilizaciones populares. Casi todos los casos terminaron impunes. Es la misma impunidad que tienen los asesinos del gatillo fácil, como lo demuestra el escandaloso fallo de la Cámara de Quilmes que ha puesto en libertad al policía Salmo, que baleó a Carla Lacorte (ver pág. 4).

Pero la utilización por parte del Estado burgués de la justicia penal para acallar los reclamos populares no es una novedad. Desde la caída de la dictadura, el gobierno de Alfonsín, el de Menem -con creces-, el de la Alianza y el de Duhalde, todos los gobiernos de esta democracia para ricos utilizaron el Código Penal para reprimir a aquellos que, con el piquete, el corte de ruta, la huelga, la toma de fábrica y de establecimientos, y hasta la simple movilización callejera, deciden enfrentar su realidad de opresión y pelear por sus derechos. El ataque por la vía penal ha sido un arma de todos los gobiernos para aleccionar a los que se rebelan. Los empresarios, en cambio, pueden respetar o burlar esas leyes a su antojo, sin ninguna consecuencia. Pueden despedir, contratar en negro, e incluso hasta declararse en lockout como las patronales agrarias en el 2008. Pero cuando los trabajadores y el pueblo reivindican sus derechos descargan sobre ellos la fuerza de la ley. Es una confesión del carácter de clase -burgués- del gobierno kirchnerista (y de todos quienes lo precedieron). Es una demostración de que la “igualdad ante la ley” es una farsa ya que los códigos de la justicia y las instituciones represivas están puestas al servicio de la defensa de los intereses de las clases dominantes.

La justicia mantiene intacto su instinto de clase. Lo evidencia también el hecho de que más de 400 jueces provienen de la dictadura. Así, ha sido la mano fundamental para instruir los procesamientos e incluso hasta ordenar la represión cuando lo consideraron necesario.

Con el código penal en la mano derecha

La “criminalización” de las luchas no ha sido ni es una política exclusiva del gobierno kirchnerista. El derechista Macri procesa a los estudiantes solidarios con la causa de los trabajadores, como sucede con nuestros compañeros de En Clave Roja que cortaron el centro de la ciudad en apoyo a la lucha de Kraft de 2009. Su nueva policía se dedica a patrullar las calles para desalojar a los pobres. Hasta el “socialista” Binner que se jacta de su progresismo, no se priva de utilizar a la asesina Policía Santafesina “S.A” para reprimir conflictos, como a los vecinos de Ituzaingo 60 bis que resistieron el desalojo, mientras la fuerza encabeza los rankings de gatillo fácil.

Pero lo que sí ha hecho el kirchnerismo es mantener, e incluso aumentar, centenares de casos que datan de la época de De la Rúa o el duhaldismo. En octubre de 2003, en el primer año de gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández declaraba al diario La Nación, “a los que saquen los pies del plato los vamos a esperar con el código penal en la mano”.

Y la amenaza la ha seguido al pie de la letra. El gobierno de CFK sigue diciendo que no reprime, pero al judicializar la protesta social y criminalizar a los que luchan mantiene vigente el poder punitivo del Estado, permitiendo la impunidad de los policías del gatillo fácil que disparan contra la juventud y los pobres como en Bariloche, y que se legitime en el discurso político la idea de la intervención por parte de las fuerzas del Estado para restablecer el “orden” público. El gobierno de los “derechos humanos” - al intentar limitar por la vía del código penal el legítimo derecho a la protesta - termina validando el argumento de la derecha reaccionaria que pide (y ejecuta) mano dura contra la pobreza y la represión abierta contra los que luchan.

El 23 de julio el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a marchar de Congreso a Plaza de Mayo bajo las consignas “No a la criminalización de la protesta social; libertad a los presos políticos; el cierre de las causas y anulación de los procesos; basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios”.

Esta marcha tiene que ser el primer paso de una campaña decidida apelando a la más amplia movilización de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil, por todas estas banderas, y la defensa del derecho a la acción obrera y popular.

http://www.pts.org.ar/spip.php?article15573