COMENZÓ EL JUICIO POR PLAN SISTEMÁTICO DE ROBO DE BEBÉS EN LA DICTADURA
Un juicio con muchos ausentes en el banquillo de los acusados
Fecha: Jueves 3 de marzo de 2011
El 28 de febrero comenzó el juicio por el “Plan sistemático de robo bebés” Los represores Videla, Bignone, el “Tigre” Acosta, Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, están siendo enjuiciados por la sustracción, retención y supresión, y sustitución de identidad de menores de 10 años, de solo 34 hijos de desaparecidos; muchos nacidos en cautiverio en las "maternidades" clandestinas que existían en los centros de detención y torturas. Entre estos se cuenta mi propio caso. Es una causa que se inició hace más de 15 años, ya que este delito quedaba fuera de los alcances de las leyes de obediencia debida y punto final, pero recién ahora llega a juicio oral, con algunos de los procesados, como Cristino Nicolaides, ya fallecidos.
En la primera audiencia, estuvimos varias horas escuchando el argumento de la fiscalía planteando que nuestros nacimientos y apropiaciones eran la prueba de un plan sistemático de apropiación de recién nacidos en centros clandestinos de detención “como parte de una maniobra criminal tendiente a la eliminación de indeseables".
Horrible definición para no decir que ese plan era parte del genocidio instrumentado desde el Estado para exterminar, no solo a toda la generación de nuestros padres, sino cortar con toda continuidad en la lucha de los trabajadores, estudiantes y de los sectores del pueblo pobre que peleaban por una sociedad sin explotadores y explotados. Un genocidio orquestado por la burguesía y sus fuerzas represivas para terminar con la vanguardia obrera y popular que venía desafiando el orden capitalista desde el Cordobazo en adelante.
Los represores crearon maternidades clandestinas, “elegidas estratégicamente” para llevar a las detenidas-desaparecidas a parir y luego vender, apropiarse o regalar a sus hijos para que no “seamos criados como terroristas”, como le decían los jueces a nuestras abuelas. Las más importantes estuvieron en los centros clandestinos de detención en Campo de Mayo, en la ESMA y en el “Pozo de Banfield”.
La demagogia del Estado es tal, que mientras el fiscal afirmaba: “Los miembros superiores del aparato (de las fuerzas de seguridad) que ejercía el poder tomaban las decisiones, los estamentos intermedios impartían directivas y los que colaboraban no debían perjudicar la labor conjunta”, y se describía la división de tareas para llevar adelante el plan, escandalosamente solo estaban en el banquillo 8 acusados, es decir, un puñado de los que perpetraron estos crímenes.
Si algunos de nosotros hemos podido quebrar la política de encubrimiento que se sostuvo desde el estado durante todos estos años, fue a través de los testimonios de los ex detenidos y la lucha de los organismos de derechos humanos. Para encontrar a quienes faltan, que es un 75% de los hijos apropiados por los genocidas, es necesario que sean también llevados al banquillo de los acusados todos los autores materiales de estos hechos y los mandos medios, no sólo los superiores. Recordemos que el prefecto Febrés, quien había ocupado un lugar estratégico en la apropiación de bebés en la ESMA, era quien se disponía a hablar del tema y fue “suicidado” por sus ex compañeros.
A pesar de los poco más de 100 nietos que logramos que nos fuera restituida nuestra identidad, hay todavía unos 400 jóvenes como nosotros que siguen apropiados, sin que desde el estado, incluyendo el actual gobierno, se hayan aportado los datos para encontrarlos, empezando por la información que está en los archivos de las fuerzas represivas y de inteligencia que no se han hecho publicas. ¿Dónde están los estamentos intermedios y los que “no debían perjudicar la labor conjunta”, que menciona el fiscal, y que son los que desempeñaban funciones en las distintas maternidades clandestinas?
Lo que sucede es que en las apropiaciones, como en el plan genocida en su conjunto, también están implicados grandes empresarios, como expresa el caso Noble Herrera. No olvidemos que la dictadura actuó como brazo armado de los intereses de los empresarios, que son los mismos que hoy siguen amasando grandes fortunas. La Ford tuvo su centro clandestino dentro de la fábrica, Techint lo tenía al lado y pasaron 35 años y no hay ningún empresario preso.
Se sabe que la Mercedes Benz donó a la maternidad clandestina de Campo de Mayo el equipo de obstetricia, y sin embargo nadie está imputado por este hecho.
Solamente en esta maternidad fueron denunciados alrededor de 200 nacimientos y producto de la impunidad garantizada a los civiles y a los militares solo han encontrado su identidad 4 hijos apropiados. Mientras se nombraban los nacimientos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, "Automotores Orletti" y "El Olimpo", la Comisaría 5 de La Plata, "La Cacha", "El Vesubio", el "Pozo de Banfield", no deje de pensar en mis padres: María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, eran jóvenes militantes que comenzaron a abrazar la idea de la revolución a los 15 años, perseguidos por la dictadura uruguaya que luego de varias detenciones, decidieron viajar a la Argentina y continuar su militancia desde acá. El 30 de diciembre de 1977 los detienen en la Argentina y los desaparecen. Mi mamá estaba embarazada de 2 meses y medio de mí y luego de ser trasladada por varios centros clandestinos del Circuito Camps, la Brigada de San Justo, al Pozo de Quilmes, es llevada al Pozo de Banfield para continuar su embarazo y parir en la maternidad. A las 8 horas de nacida, me apropia el comisario de la Brigada de San Justo Oscar Penna y me regala a su hermano y su cuñada.
Mis abuelas junto a Abuelas de Plaza de Mayo me buscaron de manera incansable hasta que a los nueve años logran encontrarme. A partir de ahí recupero mi identidad el 31 de diciembre de 1987.
En la audiencia reafirmé la promesa que me hice cuando recuperé mi identidad, que tanto ellos como sus compañeros no van a quedar en un número de legajo.
Y que esos miserables genocidas están en el banquillo de los acusados y yo acá, luchando por continuar la causa por la que pelearon mis padres. Luchando por el juicio y castigo a todos los culpables del genocidio, militares y civiles, y luchando día a día junto a los trabajadores que se enfrentan a los mismos empresarios que orquestaron el genocidio y que son criminalizados por el estado, como los obreros de Kraft, hoy procesados por jueces procesistas por luchar contra esa empresa multinacional.
Porque estoy convencida que el sentido más general de esta lucha no es sólo el encarcelamiento de los militares genocidas sino terminar para siempre, como diría Marx, “expropiando a los expropiadores”, con el poder de la clase social que orquestó la desaparición de 30.000 compañeros.
Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CeProDH)
María Victoria Moyano Artigas: 15-6790-4333
Roxana Pietra, prensa, 15-3081-8886
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